El Espectador Global, por Andrés Ortega

Escocia y Londres: ¿crisis constitucional por el Brexit?

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Escocia y Londres: ¿crisis constitucional por el Brexit? Theresa May y Nicola Sturgeon en Bute House, Edinburgo (julio 2016). Foto: Number 10 (Tom Evans/Crown Copyright) (CC BY-NC-ND 2.0).

Escocia y Londres: ¿crisis constitucional por el Brexit? Theresa May y Nicola Sturgeon en Bute House, Edinburgo (julio de 2016). Foto: Number 10 (Tom Evans/Crown Copyright) (CC BY-NC-ND 2.0).

El Parlamento escocés, con sede en Holyrood, rechazó la semana pasada el proyecto de ley sobre la Retirada de la UE (European Union Withdrawal Bill 2017-19), que ha planteado el Gobierno conservador de la primera ministra británica Theresa May. Y lo hizo con el apoyo de los nacionalistas (en el gobierno), los laboristas, los liberales y los verdes escoceses, es decir, todos salvo los conservadores: 93 frente a 30 votos. Aunque se trata de una decisión parlamentaria no vinculante, de no aceptar Londres el veredicto –y ya ha dicho que no lo va a hacer– sería la primera vez desde la creación de la autonomía en 1999 que el Gobierno británico hiciera caso omiso de la voluntad, o del consentimiento –términos esenciales en este debate– del Parlamento escocés en materias que afectan a las competencias de éste último. Pero sería también la primera vez que Escocia rechaza una legislación que el Gobierno británico quiere implantar sí o sí. Aunque el citado consentimiento no sea ejecutable ante los tribunales, la situación puede llevar a una crisis constitucional de la que se sirvieran los nacionalistas escoceses para plantear un nuevo referéndum sobre la independencia. Es un caso más que pone de manifiesto que el Reino Unido se ha metido en el proceso del Brexit sin anticipar plenamente sus problemas y consecuencias.

Básicamente, una mayoría de los parlamentarios escoceses quieren que una gran parte de las 24 competencias que el Reino Unido va a recuperar de Bruselas con el Brexit las ejerza la autonomía escocesa, y no que ocurra lo contrario: que Londres aproveche el Brexit para reforzar su control –de toma de poder” (power grab), lo califica la ministra principal, Nicola Sturgeon– sobre Escocia. El Gobierno de May tiene otro planteamiento: que durante cinco años (antes iban a ser siete), mientras se decide quién va a hacer qué, sea Londres el que se encargue de gestionar estas competencias para asegurar una unidad de mercado y “marcos comunes” en el Reino Unido, eso sí, en consultas con Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Pero a Sturgeon las consultas le parecen poco. Quiere que el Parlamento escocés apruebe explícitamente cualquier cambio antes de que se aplique. Y evitar que por esta vía Londres recupere competencias sobre Escocia. Holyrood estaba satisfecho que las ejerciera Bruselas, no Westminster. El Parlamento escocés había aprobado anteriormente una “Ley de Continuidad” para proteger sus poderes ante el Brexit en caso de falta de acuerdo con Londres, medida que el Gobierno de Westminster ha recurrido ante el Tribunal Supremo. De no haber un acercamiento –que se va a intentar, aunque quede ya poco tiempo pues la Cámara de los Comunes, tras su paso problemático por la de los Lores, va a aprobar la Ley de Retirada en las próximas semanas–, el tema podría acabar en el Tribunal Supremo. Gales sí dio su aprobación, con algunas modificaciones.

Estas 24 competencias que se van a repatriar si se consuma el Brexit se refieren a temas que afectan directamente a intereses escoces, como las cuotas pesqueras, las ayudas a la agricultura, la biotecnología y los organismos genéticamente modificados, algunas marcas y exportaciones como el whisky, los servicios financieros y las ayudas públicas a la industria, entre otros.

No se trata solo de una disputa por gestionar estas competencias, sino que los sistemas que propugnan los nacionalistas escoceses y los conservadores británicos son muy diferentes. Los primeros son, por llamarlos de alguna manera, más socialdemócratas. Los segundos, más neoliberales. En Escocia rige otro sistema para la financiación de la enseñanza, no ha habido pasos hacia la privatización del sistema de sanidad, hay cuidados gratuitos para los mayores, etc. Es decir, diferencias no sólo sobre quién gestiona qué, sino para qué.

Cabe recordar que en el referéndum sobre el Brexit los escoceses votaron por casi dos a uno permanecer en la UE. Y que en el referéndum sobre la independencia pesó, para que finalmente ganara el rechazo, el deseo de permanecer en la UE, pues de haberse independizado tendrían que haberse puesto a la cola para solicitar el reingreso en la Unión. Pero no hay duda de que el Brexit va a afectar a la forma en que el Reino Unido siga unido.

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