El Espectador Global, por Andrés Ortega

Preguntamos: ¿Qué solidaridad europea pueden España e Italia esperar ante la avalancha de inmigración ilegal en Ceuta y Melilla y Lampedusa?

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Andrés Ortega pregunta a Corinne Balleix, politóloga (Science Po París) y autora de La politique migratoire de l’Union européenne, y  Ferruccio Pastore, director del FIERI (Foro Europeo Internacional de Investigación sobre la Inmigración, Turín, Italia).

Corinne Balleix | Politóloga (Science Po París) y autora de La politique migratoire de l’Union européenne (Doc. Française, 2013)

Desde hace unos meses, España e Italia  vienen experimentando un aumento de la inmigración irregular. Después de los trágicos acontecimientos de Lampedusa en octubre de 2013, Italia ha recurrido a la acción militar. Sin embargo, los enormes buques italianos que participan en la operación Mare Nostrum, que originalmente pretendía disuadir a los contrabandistas, han atraído en realidad muchos barcos más pequeños que las autoridades italianas han tenido que rescatar. Por otro lado, las barreras que se habían construido en Ceuta y Melilla están sufriendo ataques violentos por parte de gran número de inmigrantes.

¿Qué solidaridad europea pueden pedir y esperar Italia y España?

Pueden esperar apoyo financiero. En 2013, España recibió alrededor de 85 millones de euros de los fondos europeos de retorno de los refugiados y fronteras exteriores, e Italia alrededor de 130 millones. También pueden recibir apoyo operativo de Frontex y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Pero no van a conseguir una nueva reforma del Reglamento de Dublín. En octubre de 2013 –teniendo en cuenta que en 2012 Italia recibió 15.700 solicitantes de asilo, España 2.565, Alemania 77.500 y Francia 60.500– el Consejo Europeo se negó a modificar el sistema de reparto de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros. Por otra parte, Italia y España tendrán que esforzarse por aplicar las normas europeas y evitar que los inmigrantes sigan su camino hacia otros Estados miembros sin registrar sus huellas dactilares. De lo contrario, en caso de deficiencias graves y persistentes en el control de las fronteras exteriores del espacio Schengen, podrían volverse a instaurar las fronteras internas.

Ahora bien, ¿no sería este el momento de reconsiderar todos estos vanos intentos de controlar las fronteras, y de organizar grandes posibilidades para la inmigración legal?

Ferruccio Pastore | Director, FIERI (Foro Europeo Internacional de Investigación sobre la Inmigración, Turín, Italia)

Sea o no la geografía un destino, ser un país en la frontera sur de la UE implica sin duda costes adicionales sustanciales, tanto de carácter político como económico. Los tratados europeos consagran formalmente un principio de solidaridad, pero no se contempla ningún mecanismo que abarque el reparto de la carga. A pesar de algunas medidas concretas de la UE (financiación ad hoc y papel de apoyo de Frontex y la Oficina de Apoyo al Asilo), los altos costes asociados con la gestión de flujos mixtos y actividades de búsqueda y rescate son todavía soportados esencialmente por los países fronterizos. Durante años, el tema estuvo bajo en la agenda de Bruselas. Los Estados mediterráneos, Italia y España en particular, reclamaron una mayor solidaridad, pero en términos vagos y sin una estrategia de negociación clara.

Con la inestabilidad prolongada en Libia, la guerra en Siria, y los trágicos naufragios de octubre de 2013, las cosas están cambiando. Cada vez es más evidente que se trata de una cuestión estructural europea que no se puede descartar como una emergencia transitoria. En octubre de 2013, esta conciencia impulsó al gobierno italiano a poner en marcha la operación Mare Nostrum. Se trata de un costoso esfuerzo unilateral (alrededor de 9 millones de euros al mes), pero efectivo en términos de seguridad humana (11.000 migrantes rescatados hasta ahora). Apenas sostenible en el largo plazo por un solo país, el objetivo político es sin embargo claro: ganar credibilidad para gastarla en una negociación real sobre la distribución de la carga. Las normas revisadas de Dublín y el sistema de reinstalación a la carta de la UE permiten cierta redistribución física muy limitada de los solicitantes de asilo y otros migrantes vulnerables. Esperar obtener más, en tiempos de egoísmo político miope, no es realista.

En cambio, el partido de la distribución de la carga económica está abierto. Ampliar y mejorar Mare Nostrum debe convertirse en una prioridad común, basada en el presupuesto europeo. Advertencias cínicas contra posibles efectos de atracción de una estrategia más eficaz de búsqueda y rescate por Europa deben ser ignoradas. Pero en el largo plazo, el problema está ahí. Vale la pena experimentar algunos programas piloto para el procesamiento off shore de las solicitudes de asilo, siendo conscientes de las enormes dificultades políticas y operativas. No se pueden contemplar, sin embargo, respuestas más fundamentales y estables salvo en el marco de una mejora radical del compromiso de la política exterior de la UE en el norte de África y el Sahel. Hasta entonces, las tensiones entre Estados frontera y centrales seguirán siendo endémicas, a expensas de los derechos de los migrantes y de lo que –sobre el papel– son los valores europeos.

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